Se denuncia la incapacidad de la CEDH de Morelos para investigar actos de tortura hacia el defensor de derechos humanos Jaime Domínguez

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Se denuncia la incapacidad de la CEDH de Morelos para investigar actos de tortura hacia el defensor de derechos humanos Jaime DomínguezSe denuncia la incapacidad de la CEDH de Morelos para investigar actos de tortura hacia el defensor de derechos humanos Jaime Domínguez

  • Se denuncia la incapacidad de la CEDH de Morelos para investigar actos de tortura hacia el defensor de derechos humanos Jaime Domínguez

  • Deja fuera pruebas fundamentales para la investigación interna de hechos de tortura.
  • Afecta el derecho a la reparación del daño.
  • Su actuar perpetúa la impunidad en estos hechos.

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos emitió por segunda ocasión una recomendación del expediente 63/2012-VRO y su acumulado 67/2012-VRO contra los actos represivos que el Gobierno de Graco Ramírez y CFE impulsaron contra los opositores al Proyecto Integral Morelos y en especial contra el defensor de derechos humanos Jaime Domínguez Pérez. En esta ocasión la CEDHM reconoce la denuncia y pruebas que hizo Jaime Domínguez por hechos constitutivos de tortura el 19 de septiembre de 2013, pero omite analizar tales hechos y pronunciarse al respecto, incumpliendo su obligación de investigar violaciones de derechos humanos y solicitar la correspondiente reparación del daño en sus cinco dimensiones (restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición). La Comisión debe hacer su propio trabajo y no sólo remitir a las víctimas a otras autoridades; por ello, no satisface que solicite a la Fiscalía del Estado de Morelos que investigue esos hechos en tanto delito, además que ésta institución fue cómplice de la misma tortura.

Esta segunda recomendación es derivada de la inconformidad que ante la CNDH interpusiera el defensor de derechos humanos a la primera Recomendación que hiciera la Comisión Estatal el 14 de marzo de 2016, pues el 24 de agosto del mismo año el Sexto Visitador de la CNDH declara sin materia de estudio el recurso de inconformidad al decidir el Presidente de la CEDHM la reapertura de la queja para que “se tenga a bien valorar las evidencias ofrecidas por las partes en el mismo”.

Sin embargo, en esta nueva resolución otra vez no se valoraron las evidencias ofrecidas por el defensor Jaime Domínguez Pérez, tales como la denuncia que realizara por amenazas y tortura de los policías del Mando Único el 19 de septiembre de 2013, quienes al infringirle dolores en su cuerpo y oídos por su oposición al PIM le decían: "esto te pasa por andar defendiendo a esos indios ignorantes", "ya te cargo la verga perro", “nosotros somos tus derechos humanos y aquí nosotros decidimos quien sale herido, con diabetes o muerto, aquí los derechos humanos valen madres”, "esa vieja que llegó (a buscarte), esta buena para violarla"; y, durante su trayecto a Cuernavaca, le seguían amenazando con meterlo a una cueva para matarlo o que ya tenían listo el avión para tirarlo en vuelo, “todo por andar de revoltoso”. Recordemos que la definición de tortura en la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA es “…se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales… como medio intimidatorio, como castigo personal...(aplicando) sobre una persona métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Serán responsables del delito de tortura: los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. Si la CEDHM hubiera aplicado estos estándares habría dado por acreditada la tortura.

Lo denunciado por Jaime se enmarca en que la tortura fue utilizada para intimidarlo con hacerle daño y que cesara en su  labor como defensor de derechos humanos ante la imposición del PIM, siendo entonces hechos constitutivos de tortura que la Comisión de Derechos Humanos decidió no analizar, ni pronunciarse al respecto. Es un contrasentido que, aun cuando la Comisión acepta que las lesiones ocasionadas al defensor de derechos humanos fueron realizadas durante el periodo en que estuvo detenido, no analiza el momento en que la persona denuncia que fueron ocasionadas y los motivos de las mismas, hechos fundamentales para observar el acto de tortura por el que el Gobierno de Graco Ramirez y la Comisión Federal de Electricidad deben responder públicamente.

Hay 5 pruebas fundamentales que demuestran que los hechos constitutivos de tortura fueron omitidos en la valoración de la CEDHM: 1. La declaración y denuncia por tortura; 2. La fe de lesiones; 3. La dilatación sin justificación para ser presentado ante el MP en 8 horas después de su detención; 4. Los motivos por los cuales se le infringieron los dolores y el momento de los mismos; 5. La presentación de las pruebas periciales en medicina y psicología de acuerdo al Protocolo de Estambul por peritos independientes expertos en la materia y conforme a los derechos de la víctima consagrados en el artículo 37 de la nueva Ley de Tortura en México.

Así, la nueva recomendación emitida en el mes de junio de este año se realiza convenientemente 8 días antes de que entrara en vigor el 26 de junio la nueva LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, con lo que la Comisión Estatal pretendió omitir la obligación que tienen los órganos de gobierno de valorar las pruebas emitidas por peritos en medicina y psicología que la víctima ofreció en la queja de manera independiente y de acuerdo al Protocolo de Estambul.

Esta segunda recomendación sobre el expediente 63/2012-VRO y su acumulado 67/2012-VRO fue emita supuestamente el 19 de junio de 2017 y dada a conocer al C. Jaime Domínguez Pérez a finales del mes de julio de este año, señalando como violaciones a los derechos humanos: 1. La libertad y seguridad personal; 2. Derecho humano a la propiedad; 3. Derecho humano a la integridad personal y trato digno; 4. Derecho humano a defender los derechos humanos y; 5. Derecho humano a la libertad de expresión. En ella, se realizan recomendaciones al: Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos y Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; pero se deslinda al Gobernador del Estado Graco Ramírez de toda responsabilidad, aun cuando en la recomendación anterior se le solicitaba por parte de la Comisión Estatal una disculpa pública a favor de los ofendidos y la instalación de una mesa interinstitucional para garantizar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los afectados por el Gasoducto Morelos. En este sentido, representa un retroceso preocupante. La sociedad morelense tiene derecho a que la CEDHM asuma un compromiso real con los derechos humanos y deje de usarlos como simple recurso retórico.

Siendo la nueva recomendación más laxa que la anterior, hemos vuelto a inconformarnos ante la CNDH de quien esperamos no vuelva a desechar la queja si la Comisión Estatal decide nuevamente reabrirla, llegando a un círculo sin fin de la impunidad a las violaciones a derechos humanos ocasionadas por el PIM.

 

¡CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS! ¡JUSTICIA A LAS VICTIMAS POR EL PIM! ¡CASTIGO A GRACO RAMIREZ Y LA CFE POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD!

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.; Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

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